El megaproyecto del Tren Maya, es un emblema para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el que se planea ampliar la red ferroviaria de la Península de Yucatán, un “tren moderno, turístico y cultural” con el que López Obrador busca comunicar los principales centros arqueológicos de la cultura maya en cinco estados del sureste mexicano, pero que también incluirá trenes de carga. Al mismo tiempo se busca potenciar destinos turísticos como Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque y Chichen Itzá.
De inicio este proyecto de “desarrollo” para las comunidades de Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, comienza con el choque con diversas comunidades indígenas, precisamente las que en un principio Andrés Manuel juraba proteger cuando era candidato y que ahora esa comunidad llega con órdenes de jueces locales en contra de la obra por afectaciones a derechos ambientales y sanitarios.
Entre estos choques por la construcción del Tren Maya existe una suspensión del tramo de Palenque a Escárcega por una jueza de distrito en Chiapas en junio de este año favorece las demandas ecológicas de la comunidad indígena ch’ol. Según la orden de la jueza, el gobierno de López Obrador y las empresas involucradas tendrían que suspender las obras. Los miembros de la comunidad ch’ol, que viven en Palenque, Ocosingo y Salto del Agua, fueron amparados por «daños a la salud», en medio de la pandemia del coronavirus, contra el megaproyecto emprendido por compañías chinas, portuguesas y mexicanas.
El titular del FONATUR (Fondo Nacional de Fomento del Turismo de México), Rogelio Jiménez Pons, declaró que tras la demanda de las comunidades, los trabajos se limitarían a obras de mantenimiento.
Desde el anuncio de este gran proyecto insignia de Andrés Manuel López Obrador, la comunicación del gobierno con las comunidades ha sido un problema. Una consulta implementada por el gobierno en la región maya fue denunciada por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en la Ciudad de México, como un ejercicio que no cumplía con los estándares internacionales.
A todo esto, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha recurrido a la búsqueda de apoyo para el Tren Maya dentro de las mismas comunidades. A principios de julio, el periódico La Jornada informaba que 64 pueblos mayas, de las etnias tzeltales y choles de Calakmul, en el estado de Campeche, respaldaban la construcción ferroviaria. El gobierno facilitó también la creación de un Comité Prodefensa del Tren Maya que, para combatir a las comunidades disidentes, presentó una denuncia por violación de derechos humanos contra algunos pueblos indígenas de la zona.
Desgraciadamente este conflicto ha venido creciendo debido al mismo Andrés Manuel quien acusa junto con su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, a las organizaciones no gubernamentales, asociaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que según ellos atribuyen daños ambientales y de derechos humanos al megaproyecto. Estas han respondido pidiendo al gobierno una disculpa pública y demandando pruebas de que el financiamiento externo que reciben es para oponerse a la construcción del Tren Maya. La renuncia del conocido y respetado ecologista Víctor Toledo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha sido interpretada como otra señal de la oposición a la obra ferroviaria dentro del propio gabinete.
Todo parece indicar que no estamos viendo el comienzo y fin de distintas discusiones entre un lado y otro, sino estamos viendo lo que será un tema diario de discusión sin fin mientras dure la construcción de un proyecto que seguramente costará miles de millones y que será un elefante blanco incosteable que tal vez nunca vea la luz después del túnel.